Repensando la relación entre memoria y democracia:
entrevista a la socióloga argentina Elizabeth Jelin
La entrevista fue realizada por Máximo Badaró en abril del 2011.

A manera de comentario a la entrevista, el análisis que hace la investigadora sobre la asimilación y construcción de la Memoria Colectiva, así mismo de la función de la academia en el campo de los estudios de DDHH sirve como un resaltador de algunos temas que son de vital importancia en el proceso actual de formulación de Políticas sobre la Memoria, como componente de la Justicia Transicional en Colombia en particular y el América Latina, en general. En colores, se resaltan los apartes más significativos desde nuestro punto de vista, que pueden ser tenidos en cuenta en la discusión pública acerca de los Derechos Humanos como ejercicio de la ciudadanía en general, la pregunta sobre el estatuto de la “víctima”, la tensión entre académico o militante/activista del investigador sobre la memoria y los DDHH, la reflexión desde ahora sobre la dimensión institucional en la mirada de los estudios sociales de las Políticas Estatales, entre otros temas como el balance histórico que ella hace desde la década de los 70 hasta el presente no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica, destacando algunas de las características que considera propias de los activistas e investigadores de la Memoria en América Latina.

Sin más presentación, dejamos aquí la entrevista. El restaltado es nuestro.

Empecé a estudiar temas de memoria cuando estudiaba el movimiento de derechos humanos y su actuación en la transición política argentina. Ahí me choqué con la memoria, porque los y las activistas del movimiento empezaron a hablar de memoria. El “Nunca Más” y el “Recordar para no repetir” fueron consignas de memoria, y ahí surgió la necesidad de incorporar el tema en la agenda de investigación. Unos años después, al mirar la situación en otros  países del Cono Sur, decidimos, desde el Comité Latinoamericano del Social Science Research Council, realizar una intervención en el campo intelectual de la región, haciendo preguntas sobre la persistencia de la presencia del pasado represivo, ligadas a temas de transición democrática y de procesos de democratización.
Hace 15 años teníamos la certeza de que había una relación necesaria entre la activación de las memorias del pasado represivo y los procesos de institucionalización democrática. Esa certeza se me volvió un gran signo de pregunta ahora. Me parece que esa certeza se convirtió en un slogan y tanto el mundo académico como el mundo de activistas y de políticos/as progresistas lo dieron por supuesto. Me refiero a la idea de que hay que recordar para no repetir, de que solo recordando y solo teniendo una política activa en relación con el pasado dictatorial se puede construir democracia hacia el futuro. Este era el supuesto básico, el motor del compromiso político que estaba por detrás de todo aquel proyecto. Pasados los años, este supuesto se convirtió en una gran pregunta: ¿una política activa de memoria es condición necesaria para la construcción democrática? Y cuando digo construcción democrática me refiero a diferentes ámbitos y niveles de la vida pública. Hoy en día yo tengo grandes dudas.

Entonces, la relación entre memoria y democracia, que se suponía natural, ahora está en crisis.

No soy la única que se hace estas preguntas. Son preguntas que señalan una vacancia, pero no en términos de investigación, porque en realidad tenemos mucha investigación sobre el período de los años setenta en el Cono Sur de América Latina. Lo que está vacante es la exploración de la pregunta sobre los aspectos específicos de la democracia que la activación de las memorias del pasado dictatorial contribuye a construir. Me parece que hay que desarticular y descomponer la relación entre memoria y democracia, y explorar en qué aspectos concretos de la democracia opera la activación de memorias del pasado dictatorial. Esta es para mí una de las grandes inquietudes del momento.  De hecho, si una mira a España, vemos que la transición post franquista se hizo sobre la base del silencio en términos políticos e institucionales, pero no en términos culturales. Se dio como una especie de división del trabajo. En España las películas hablaban de la Guerra Civil, pero desde el Estado no se llevó adelante ninguna política de justicia, no se hicieron juicios, no se hizo nada. Inclusive la política de remoción de los símbolos del franquismo es bastante reciente, o la ley de memoria histórica, que tiene sólo dos años. Es más, lo que va a pasar con el Valle de los Caídos se está debatiendo en este preciso momento en la Comisión de Memoria Histórica. Todavía están discutiendo todo esto, y Franco murió hace más de 35 años.

Y nadie duda de que la democracia española esté consolidada.

Exacto. El caso español es un caso testigo que pone una luz de alerta sobre algo que dábamos por supuesto. Me refiero a lo vinculado a la relación entre memoria y consolidación institucional, más allá del sistema electoral. Para el caso español hay un libro que tiene varios años, de Paloma Aguilar, donde ella intenta mostrar que en la transición española no hubo olvido, sino que hubo mucha memoria del pasado. ¿Por qué? Porque en España se optó por una manera de pensar la transición que no repitiera el pasado de la República. Una podría decir que en Chile también se encuentra algo similar, porque han tenido períodos republicanos muy conflictivos antes del golpe, muy diferentes del caso argentino. Entonces, la construcción del nuevo orden intenta generar un espacio político y social que no fomente el tipo de conflictos que hubo en el pasado. Es decir, en España o en Chile el diseño institucional en el momento de la transición estuvo armado sobre la base de una memoria para no repetir, no
la violencia sino las condiciones institucionales dentro de las cuales se dio cierto campo de violencia; no sólo no repetir las dictaduras sino más bien no repetir las condiciones que dieron origen a esos procesos dictatoriales.

En la Argentina, en el momento de la transición se decía que si había impunidad hacia el pasado llevaríamos la impunidad hacia el futuro. Después
empezaron los juicios, mientras que en otros lugares se decretaban amnistías. Pero más allá de la justicia específica en los casos vinculados con la represión, yo me pregunto si los juicios mejoran la calidad democrática en otros campos que no son el del juicio propiamente dicho. O sea, ¿mejora el aparato judicial en su conjunto el hecho de haber enjuiciado a los represores o de estar haciendo hoy en día juicios vinculados con la represión del pasado? Estoy segura que hay que hacerlos porque fueron crímenes y hay que dirimir responsabilidades y culpas. De eso no tengo dudas. También que estos juicios permiten mostrar un sistema judicial que opera y actúa. Y eso es muy importante. Sobre lo que tengo dudas es sobre su vinculación con la consolidación de la democracia en otros ámbitos y esferas de la vida social e institucional de país.

En la Argentina los juicios de los 80 tuvieron un papel fundamental en la cultura política, la conciencia ciudadana y el sistema de significados de la
institucionalidad para grandes sectores de la población. Recordemos que en los países de América Latina el Poder Judicial siempre había sido un instrumento de poder de las burguesías y de los sectores dominantes. Pero, al menos en la Argentina, esto empezó a cambiar con las demandas del movimiento de derechos humanos. Por ejemplo, la espacialidad de sus marchas y de las demandas sociales empezó a triangularse; antes, las marchas de cualquier tema, sindical, político o lo que fuera, siempre iban del Congreso a la Casa de Gobierno; o sea que interpelaban al Legislativo y al Ejecutivo. Pero en el momento de la transición las marchas y reclamos empezaron a pasar por el Palacio de Justicia. Esta llegada de grupos sociales al frente del Palacio de Justicia es para mí una metáfora espacial de un cambio que después sí tuvo consecuencias en términos
de la incorporación del Poder Judicial como una institución ante la cual la ciudadanía podía y puede actuar para reclamar derechos. Al mismo tiempo, hoy vemos que esto provocó, entre comillas, ciertos “excesos”, me refiero a lo que ahora llamamos “la judicialización de los conflictos políticos”. Hoy en día cualquier conflicto político, en vez de resolverse en la mesa de negociación política, se resuelve en los estrados judiciales. Por eso creo que también hay un peligro en la sobre –judicialización de los conflictos políticos.

Pero esta excesiva judicialización de lo político no es producto directo de los juicios de los años 80.

No es directo. Lo que yo digo es que esa primera instancia de juicios a los ex comandantes tuvo un efecto cultural significativo. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de juicios de jubilados que se han acumulado a lo largo de los años. Son cientos de miles, son juicios de jubilados que sentían que sus derechos habían sido violados y que por lo tanto podían apelar al sistema judicial. O sea, la idea de que si se violan derechos, uno tiene una instancia específica a la cual recurrir, es un producto cultural en cuya construcción los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura han jugado un papel central. Después, claro, hay que ver cómo funciona esa instancia; uno puede confiar o no en la justicia, pero me refiero a la expansión de la idea de que la ciudadanía tiene espacios en el Estado donde puede reclamar sus derechos, y que el Poder Judicial es uno de esos espacios. Ahí sí una puede decir que hay un aporte de los juicios de los años ochenta a la democracia, más allá del hecho
específico de que se hayan juzgado y condenado a personas por esos crímenes. Pero en lo referido a la activación de la memoria, las preguntas quedan abiertas. Sería necesario hacer un análisis comparativo de la calidad institucional, viendo si los instrumentos que ahora se llaman “justicia transicional” fueron aplicados o no, y si eso tuvo algo que ver con lo que pasó después en el desarrollo de la democracia posterior a los períodos de dictadura.

¿Qué indicios te llevan a este diagnóstico que plantea una suerte de desacople entre memoria y democratización?

Ahí hay varias cuestiones, y una puede pensar en otro desacople o posible desacople, que tiene que ver con la relación entre memoria y derechos humanos.
En la Argentina, el movimiento de lucha contra los crímenes que se cometieron durante la última dictadura militar se llamó movimiento de derechos humanos. Este movimiento se creó a mediados de los años setenta bajo el paradigma de la violación a los derechos humanos. Esto tuvo muchas consecuencias. Sin ninguna duda los derechos humanos fueron violados: torturas, desapariciones, asesinatos, privación ilegítima de la libertad, apropiación de chicos; son todos crímenes espantosos. Está claro que son crímenes de lesa humanidad en la terminología internacional que existe en este momento, que no prescriben, todo eso lo sabemos. Estos crímenes fueron interpretados en la clave de violación a los derechos humanos, que era un paradigma que se fue instalando en los años 70 en el mundo, y que no existía antes. Y a partir de ahí llamamos movimientos
de derechos humanos a todo el conjunto de organizaciones y de activismo que reclaman distintas cuestiones ligadas con la última dictadura militar, con lo cual, en la Argentina, la palabra derechos humanos quedó pegada al tema de la dictadura.

Está la cuestión de memoria, porque una de las esferas de reclamos sociales es la del reconocimiento simbólico por parte del Estado, que van desde la recuperación y el señalamiento de los centros clandestinos de detención, de si el 24 de Marzo va a ser feriado o no, y qué tipo de conmemoraciones se van a hacer, si hay que hacer un Museo o si hay que hacer archivo. A todo este campo podemos llamarlo, en términos globales, “políticas de la memoria”. Y están las políticas judiciales, las económicas y las políticas sociales vinculadas con las víctimas. En Chile, por ejemplo, hubo una amplia gama de políticas sociales en temas de salud, educación, ayuda en el retorno del exilio; desde muy temprano hubo políticas de ese estilo para las víctimas, algo que en Argentina no hubo. Aquí hubo reparaciones económicas, según las categorías, pero años más tarde. La cuestión con la noción de derechos humanos aparece aquí. Porque en Argentina, parecería que todo esto ES la política de derechos humanos. Una vez, un joven abogado de derechos humanos uruguayo, hijo de un desaparecido, me dijo lo siguiente: “cuando yo voy a la organización de familiares de víctimas de la dictadura, ahí yo soy un hijo de desaparecidos que quiere saber qué pasó con su padre. Cuando trabajo en el Ministerio del Interior de Uruguay como abogado de derechos humanos soy abogado de derechos humanos”. Son dos ámbitos diferentes, y acoplarlas y pensar que el campo de los derechos humanos se concentra en cuestiones ligadas a la dictadura es un peligro, porque los
derechos humanos remiten a algo mucho más amplio que las violaciones que ocurrieron en dictaduras. También tienen que ver con la situación en las cárceles hoy, con el derecho al trabajo, con toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales, con los reclamos de tierras de pueblos originarios. Pero si bien la noción de derechos humanos es muchísimo más amplia que el tema de las memorias de la dictadura, en el sentido común me parece que la palabra derechos humanos está más ligada a la memoria de la dictadura que a la situación de un chico de la comunidad indígena wichi que se muere de hambre en el Chaco argentino.

¿Cuánto contribuyó el campo académico a esta superposición entre memoria y derechos humanos, y entre memoria y  democracia?

El campo académico es un microcosmos del campo político. Si comparamos la Argentina y algunos países de nuestra región con países como Canadá, Estados Unidos o algunos países europeos, vemos que en esos países el mundo académico está más encerrado en sus instituciones. No es que no haya intervención política, pero hay un relativo aislamiento o una cierta distancia, que algunos llaman autonomía.
En nuestro medio, en cambio, la investigación y el compromiso están permanentemente en diálogo. Nuestra noción de intelectual incluye el trabajo
de investigación rigurosa que se alimenta de las preguntas que surgen del compromiso socio-político. Nuestra forma de trabajar está alejada de la del académico en la torre de marfil, como se llamaba antes; entonces, lo que yo veo es un campo académico o intelectual vinculado a los temas de memoria como parte de las luchas políticas. De todos modos, igual hay gente que hace investigaciones de estilo torre de marfil y gente que hace lo que podríamos llamar investigación militante. Nuestro campo académico se mueve entre estos modelos. Y me parece que si bien desde el ámbito académico o intelectual una puede mirar con un poquito más de distancia o con más reflexividad algunos de los procesos que está observando, una se encuentra con activistas que también tienen esa capacidad reflexiva. Por eso yo no separaría el mundo académico o el mundo de la producción
de investigación del mundo de la acción política. A veces hay trabajos de investigación que parecería que sabían desde antes sus conclusiones. Son trabajos que parecen más justificatorios que de indagación de algo que no se sabe; y a veces, cuando una indaga cosas que no sabe, por ahí se lleva una sorpresa. Para la gente que está mucho más en la acción, la relación entre memorias de ladictadura y construcción democrática no es el tópico dominante; lo dominante es el reclamo por más y más políticas de memoria, y el hecho de su vinculación con la democracia es uno de los elementos justificatorios.

La reflexividad de los actores que están más vinculados al campo del activismo, ¿tiene canales para retroalimentar el mismo campo o queda en un plano más secundario?

Vengo de una conferencia en Barcelona donde escuché a un grupo de académicos catalanes que fue muy activo en la formulación del proyecto del memorial democrático, y después se volvió muy crítico de la actuación del gobierno, y ahora con el gobierno nuevo en Cataluña, todo ese memorial democrático tiene un gran signo de pregunta. Este mundo académico catalán hace un análisis crítico de la gestión del memorial democrático, y tiene que encontrar los canales para poder decirlo. Es una voz pública de intelectuales comprometidos; por ahí eso significa menos subsidios o cierta marginalidad ante el discurso hegemónico, pero tienen que decirlo. Yo creo que aquí en Argentina pasa exactamente lo mismo: hay ciertas voces a las que quienes tienen el poder de la política de memoria no quieren escuchar demasiado, y me incluyo entre ellas.
Entonces es un diálogo complejo, porque hay una lógica hegemónica y un clima de polarización que hace que todo aquel que formule una pregunta un poco disonante, ni siquiera una crítica sino una duda, quede catalogado como alguien que está en el otro bando. Entonces, si uno pregunta ¿qué hacemos con los otros derechos humanos? parecería que uno está criticando todo. Pero es así, son los riesgos propios del compromiso del intelectual.

¿Pero por qué pensás que ahora es posible cuestionarse supuestos que eran fundacionales del campo político y de estudios sobre memoria?

En realidad, son preguntas que remiten a un debate que todavía no está dado. En la transición democrática una tomaba mucho más al pie de la letra algunas de las verdades, porque también el contexto exigía eso. Por ejemplo, si yo digo que en todo lo vinculado a los años  ́70 el paradigma de los derechos humanos es el dominante, y que este paradigma apunta a identificar quienes tuvieron sus derechos violados. El paradigma de la victimización, que sigue siendo muy, muy dominante, también penetró en otros ámbitos de la sociedad; hoy a la mañana en la radio decían: “Macri está jugando a victimizarse”. Entonces, este
paradigma penetra en otros ámbitos, amplía su presencia. Cuando critico la victimización que está presente en el paradigma de los derechos humanos tengo que incluir muchas frasecitas de aclaración y advertencia para que no dé lugar a malas interpretaciones. Cuando planteo la necesidad de pensar estos temas no desde la categoría de víctima, enseguida también tengo que poner una nota diciendo “reconociendo el dolor”. Lo que pido es que podamos verlo también desde el lugar de la noción de ciudadanía y no sólo desde la de víctima. Hay que decir todas estas otras cosas, y aún así muchas veces salta alguien a decirte:
“pero vos no sabes el dolor de las madres” o “no querés reconocer tal cosa”, como si al decir que no pensemos y no miremos desde la victimización sino desde la ciudadanía, una estuviera negando el dolor, el sufrimiento o la violación de los derechos. Y claramente no es así.

¿En qué medida esta constitución del campo de estudios de la memoria ha incorporado la comparación entre períodos pasados y lugares geográficos diferentes?

Una podría analizar los festejos del bicentenario con la misma metodología con que estamos analizando memorias de la dictadura, es decir, mirando qué luchas hay, y por qué las hay. Hay debates sobre qué es lo que se festeja en el bicentenario.
Pero además, siempre que se estudian memorias aparece la condensación del tiempo largo y el tiempo corto; hay memorias de larga duración y memorias más cortas, y siempre están interrelacionadas. En su estudio sobre las memorias de la última dictadura en comunidades del norte de la Argentina, Ludmila da Silva Catela trabajó las ideas de memoria larga y memoria corta. También lo trabajó Kimberly Theidon en su estudio sobre las memorias en comunidades indígenas del Perú. Cuando una va a estas comunidades, la dictadura, la represión y la violencia del pasado reciente se superponen con una discriminación y una
violencia estructural de muy larga data, lo cual hace que el pasado reciente sea interpretado en claves de más larga duración. Otro ejemplo es el de Japón y el tsunami, el terremoto y la fuga radiactiva. Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar de la memoria de Hiroshima en la vivencia actual de estos japoneses? Porque no puede ser que las vivencias y las memorias de Hiroshima no estén por detrás; algunos periodistas lo mencionan, pero ¿qué pasa con la gente en las distintas comunidades? Este tipo de preguntas son las que se haría alguien que mirara esa realidad con una perspectiva de estudios de memoria. Entonces, cuando hoy hablamos de memoria, estamos hablando de memoria del sufrimiento, de la dictadura, de las violaciones a los derechos humanos, de la criminalidad del régimen, etc., etc., y las memorias que se rescatan y que los actores reivindican son memorias de todo eso, de situaciones límite. La pregunta que yo me hago es: ¿para quién es importante estas memorias? O, dicho de otro modo, y saliendo de la situación de quienes vivieron ese período y lo recuerdan, quieran o no, ¿cuánto de memoria se necesita para construir qué sistema democrático? ¿Qué recordar del pasado para construir qué tipo de régimen, qué tipo de institucionalidad democrática?

¿Cuál sería entonces el rol que cumplen las políticas de reconocimiento simbólico?

Todos los procesos de conmemoración, de marcas territoriales y recuperaciones, de consagración de fechas, de cambio de nombre a las calles o de iniciativas como la que promovió la presidenta de la Argentina para que cada escuela tenga
un aula que lleve el nombre de algún caído en Malvinas… Bueno, yo lo que digo es: son actos conmemorativos que tienen dos etapas, primero la etapa de su instalación, que puede responder a una política estatal o a un grupo humano de emprendedores para quienes ese lugar, esa conmemoración o nombre es significativo, y me parecen iniciativas sociales importantes y significativas para quienes lo piden; luego está la segunda etapa, que remite a la significación de la conmemoración para el resto de la gente y para las generaciones futuras. Esto último no está asegurado. El ejemplo más claro es el de los nombres de las calles: ¿que sabemos de los nombres de los señores de las calles de Buenos Aires? Alguien en algún momento tuvo la iniciativa de cambiarle el nombre a esta calle y ponerle el nombre de alguien por algún motivo especial. Pero 20, 30 o 50 años después, ¿qué significa ese nombre? La calle de la esquina de mi casa cambió 3 ó 4 veces de nombre
durante mi vida: se llamaba Canning, después Scalabrini Ortiz, después volvió a llamarse Canning, y después de volvió a llamarse Scalabrini Ortiz. Todos estos cambios remiten a una disputa entre Canning, que era inglés, vinculado al imperialismo, y Scalabrini Ortiz, que siempre ha sido una figura emblemática de la independencia económica, la industria nacional y la lucha contra el imperialismo. Pero hoy en día no sé qué significa esa calle para alguien que pasa por ahí, qué importancia le otorga y cuánta gente la vincula con algún proceso político, alguna dimensión ideológica o el proceso de reivindicación que está involucrado en la colocación de ese nombre. Entonces creo que muchas de las políticas de conmemoración en la ciudad, a menos que haya un grupo humano que active permanentemente el sentido de esa conmemoración y promueva que otros tomen esa bandera, se vuelven mobiliario urbano.

Hace ya diez años que publicaste tu libro Los trabajos de la memoria, cuya versión en inglés salió en 2003 y está por reeditarse en Perú. ¿Cómo percibís la relación entre las ideas que presentabas en ese libro y las que circulan en el campo de estudios sobre memoria en la actualidad?

Hay algunos ejes fuertes del libro que algunos autores también trabajan, como la idea de que hay que mirar la historia de las memorias y no las memorias en sí mismas. Además, la idea de que no hay una memoria, sino memorias en lucha, y allí es donde hay que mirar, en esa lucha. Por eso yo no me identifico con la propuesta de Pierre Nora, que tiene un lugar de peso en este campo de estudios. El problema es que su propuesta ignora la dimensión conflictiva de los procesos de memoria y piensa en los lugares de la memoria de la nación como si la memoria fuera una cosa homogénea y estática. Mi objetivo siempre ha sido
el inverso: mostrar diversas dinámicas alrededor del sentido del pasado. Creo que hay que mirar los procesos desde una perspectiva dinámica en términos de tiempos y de escenarios, de escenarios de confrontación y de transformaciones a lo largo del tiempo.
A su vez, hace más de una década atrás decíamos que había que estudiar los fenómenos de memoria en varios planos y en forma interrelacionada: el plano institucional, el plano subjetivo y el plano cultural y simbólico. Me parece que muchos estudios abandonaron el plano institucional y estatal y se focalizaron quizás excesivamente en el plano de la política simbólica. Por
ejemplo, se estudian muy poco los juicios; los procesos que llevan a la creación e instalación de secretarías de derechos humanos despiertan poca atención. Yo lo comparo con los temas del movimiento feminista de hoy: en un momento en que en muchos países tienen secretarías de la mujer y hay proclamas de igualdad de oportunidades, hay un aspecto institucional fuerte que hay que observar y estudiar. En este sentido me parece que en el campo de estudios sobre memoria ha habido una cierta falta de atención a esta dimensión institucional y estatal, que quedó tapada por el interés que generan los actos de  conmemora- ción y las políticas simbólicas.
Por otra parte, he visto que mucha gente cita la idea de “emprendedores de memoria” que yo desarrollé en ese libro, lo cual a mi me parece valioso porque con esa idea yo intentaba ir en contra de una postura muy frecuente en las corrientes más dominantes o de moda de los estudios culturales, en las que los productos culturales parece que circulan en una nube, sin referentes, sin actores que llevan adelante proyectos concretos. Se analiza el producto cultural como si fuera una nube eliminando los sujetos históricos. Y mi libro se inclina justamente en el sentido contrario, hacia el estudio de los sujetos concretos a lo largo del tiempo.